miércoles, 10 de agosto de 2011

Bellísima propuesta del compañero Jose Luis




No podré estar en Madrid estos días, pero quiero que se sometan a
debate las propuestas que he enviado a Argiro para mejorarlas entre
todos. Son caminos que podrían tomarse más adelante, copio todo el
texto aquí aunque podéis copiarlo en una nota aparte si os parece
menos farragoso por ser un texto largo:


Transición

La implantación de un sistema de democracia directa en un país
gobernado por un régimen democrático representativo requeriría de un
período de reformas por etapas. Si bien la Transición Española
(1975-1978) de un régimen dictatorial a uno democrático se realizó en
algo más de tres años, las similitudes entre un régimen democrático
representativo y un régimen democrático directo requerirían un período
de tiempo más corto para completar su transición y cambios menos
sustanciales. El carácter democrático de ambos sistemas evita la
destrucción del primero como único medio de implantación del segundo;
el continuismo del sistema directo se traduce en la realización de
reformas que adapten el régimen representativo. Tales reformas,
tendentes a adecuar la organización y funcionamiento del sistema
directo, no traerían consigo cambios más bruscos que los acometidos a
mediados de los años setenta en España, obviamente. La vis democrática
de ambos sistemas daría lugar a una “transición suave”.

1ª Etapa: Preconstitucional
Marca el inicio de la Transición con la habilitación de una Red Social
(que nacería del acuerdo llegado en el nuevo pacto ciudadano y que
terminaría siendo oficial del Estado) para que los ciudadanos voten.
Otra opción a valorar sería la de un trasvase progresivo de poder de
los gobernantes a los ciudadanos, una etapa intermedia de democracia
deliberativa o semi-directa, como la existente en Suiza, en la que los
gobernantes se dedicaran a asegurar la correcta transición de un
sistema a otro. Esta etapa aparecería marcada por la creación de
herramientas garantes de un sistema más democrático, como el
establecimiento del referéndum como medio de control de la acción del
gobierno por parte de la oposición (los resultados de los referéndums
convocados por la oposición necesitarían alcanzar mayoría absoluta
para ser efectivos, de otro modo serían preceptivos).
La labor de los gobernantes de actuar como garantes de la transición
significaría transformar el sistema actual de forma que su
concordancia con el sistema de democracia directa fuera completa,
preparando la supresión de todo aquello que resulte innecesario para
el nuevo sistema y facilitando la creación de lo que éste último
necesite. En este aspecto los políticos cumplirían un papel parecido
al de las Cortes franquistas durante la transición, llevando a cabo su
propia eliminación.

2ª Etapa: Constitucional (Elaboración)
La detallo más adelante.

3ª Etapa: Institucional
Como consecuencia de la nueva Constitución se redibuja el sistema
anterior para adaptarlo a las necesidades del actual; es una
actualización que suprime y transforma. La Administración garantizaría
m el correcto funcionamiento, transparencia y seguridad de la Red
Social creada para que los ciudadanos ejerzan su derecho de sufragio.


Todo lo anterior lo explico más detalladamente en el texto que envié a
varios correos electrónicos del 15-M y DRY ya en mayo:

Mi propuesta es UN SISTEMA NUEVO QUE OS DETALLO A CONTINUACIÓN y que
es lo que el movimiento necesita para definirse, llevar a cabo sus
propuestas y romper ese halo de imprecisión y utopía con el que
intentan desacreditaros desde los medios de comunicación. Esta lucha
es pacífica y es en contra de todas las generaciones anteriores
asentadas en este sistema y que, por ello, intentan conservarlo y
quitarle hierro a esta revolución. Para ellos somos una generación
perdida que va a tener que pasar un calvario vital para poder sacarlo
todo adelante y que por ello es comprensible que estemos indignados,
somos generaciones posteriores que ellos están dispuestos a sacrificar
en favor del sistema que los hace poderosos y ricos, pretenden
minimizar el impacto del gran trabajo que estáis haciendo y que
nuestro futuro se vaya por el desagüe por el bien del suyo; este
movimiento se evaporará a menos que creemos nuestra propia salvación y
apostemos por ella, de lo contrario todas las propuestas que estáis
votando y recogiendo solo pasarán a ser un punto más en el programa
del PP o del PSOE de cara a las próximas elecciones para ganarse unos
votos más, sin ninguna intención real de reformar profundamente el
sistema. Mi propuesta no es la salvación para este movimiento, sino
para todas nuestras generaciones y no excluye a las anteriores
incrustadas en el sistema actual, es una mejora completa y global, es
necesaria, es evolución. Esta propuesta será de gran ayuda si la leéis
a tiempo, con la mente abierta e intentando mejorarla y reforzar sus
puntos más débiles, que nadie se limite sólo a criticarla, no es un
sistema cerrado ni es mío, es una idea que hemos de conformar y
definir entre todos. El sistema que propongo no es el pasado, no está
basado en ninguna ideología política sino en los Principios y Derechos
Fundamentales de los ciudadanos, nos ayudará a interpretar estos
derechos y principios y llevarlos a la práctica de forma que todo
antecedente palidecerá ante él. Éste es el sistema que sabemos que
habrá en el futuro, quizá no hoy, quizá no mañana, quizá dentro de 50
ó 200 años… eso sólo depende de nosotros, de cuando queramos
despertarnos y luchar por llevarlo a cabo, podemos hacer que mañana
sea hoy. Se nos piden propuestas, pues aquí están: el sistema del
movimiento, concreto y sólido. Podemos ser los primeros en ponerlo en
práctica y despertar al resto del Mundo. Además de este nuevo sistema,
propongo algunas reformas a largo plazo para el actual, en caso de que
el nuevo sea rechazado en asambleas.


DEMOCRACIA REFORZADA: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Ciudadanía: voz y voto

En la Historia de la Democracia Moderna y por falta de medios para
conseguir otro sistema, siempre se identificó la opinión del ciudadano
con su voto, de ahí el auge del sistema de partidos políticos. Hoy,
Internet ofrece al ciudadano la posibilidad de manifestar su punto de
vista y argumentarlo, introduciendo en la ecuación política un
elemento tan nuevo como esencial a partir de ahora: su voz. La opinión
de la ciudadanía no ha de ser silenciada ni subsumida conforme a un
puñado de opciones políticas-tipo. Cuantos más ciudadanos reflexionen
y compartan sus pensamientos, más rápidas y eficientes serán las
respuestas a los problemas que pueda tener la ciudadanía. Ahora
poseemos el medio que antes nos faltaba para conseguir participar
activamente en el avance y perfeccionamiento del sistema. La opinión
ciudadana quedaría dividida en dos elementos: la voz y el voto. La voz
es el principio de libertad de expresión aplicado al proceso
electoral; transforma al voto del ciudadano en la ratificación
precisa, ampliada, explicada en suma, de su propio punto de vista,
algo que podrá ser utilizado para mejorar cualquier propuesta que se
someta a votación. Al no contar con medios para expresar los puntos de
vista anteriormente, aparecieron los representantes; ciudadanos que se
ofrecían como parte pasiva del sufragio con una ideología y un punto
de vista que serviría al ciudadano para identificarse más o menos y
decantarse a la hora de votar. La más estrecha relación entre los
sujetos activos y pasivos en el sufragio se produce como resultado de
la posibilidad de que cada ciudadano manifieste su propio punto de
vista sobre cualquier cuestión y éste sea considerado y sometido al
juicio del resto de ciudadanos. Este hecho acabaría con la necesidad
de acogerse en posturas que denotan rigidez ideológica ajena,
anquilosamiento, conservadurismo; la posibilidad de manifestar la
propia opinión de cada ciudadano acabaría con los partidos políticos,
en definitiva.
El derecho a voz da la posibilidad de evolucionar constantemente sin
atarse a cuestiones aparte de las que se planteen en ese momento: su
dinamismo y su pragmatismo total le confieren una utilidad que deja
obsoleto el modelo de “paquete ideológico” del sistema de partidos,
además de elevar la “legitimidad” con una nueva significación dentro
del Ordenamiento Jurídico. La Administración recobraría su status
“ejecutivo” en el significado más puro jamás dado al término en la
Historia del Derecho. Serían los encargados de ejecutar, simplemente,
la voluntad ciudadana, legisladora primaria y original. En efecto, el
Poder Legislativo recaería sobre los ciudadanos de esta forma y no
sobre un legislador legitimado por ellos, el Poder Legislativo sería
un poder de ejercicio directo y el Ejecutivo sería ostentado por una
Administración limitada a ejecutar la voluntad de la ciudadanía,
expresada mediante sufragios. La División de Poderes será más efectiva
que nunca, el Judicial también de acuerdo con las propuestas que se
han sometido a votación en las asambleas sobre la no designación de
magistrados por parte del Ejecutivo. Pero ¿cómo podrían todos los
ciudadanos hacer oír su voz y ser parte de los procesos de
proposición, elaboración, reescritura y votación de las normas?


MODELO DE ESTADO DEMOCRÁTICO REFORZADO

Este modelo nacería con la elaboración de una Constitución ciudadana
pura, esencial y flexible (muy parecida en su brevedad a la
Constitución de los EEUU), en la que se recojan únicamente los
principios, derechos y normas fundamentales para el Estado. Estos
principios, derechos y normas serían propuestos, elaborados, sometidos
a reescritura y refrendados por los ciudadanos en votaciones artículo
por artículo y el conjunto del texto sería sometido también a un
referéndum final. El mecanismo para llevar a cabo todas las
propuestas, redacción y votaciones será una RED SOCIAL ESTATAL que
permitirá que todos los ciudadanos puedan ejercer su nuevo derecho a
hacer oír su voz. Completado este proceso se iniciará el de
elaboración, mejora y aprobación del resto de normas del Ordenamiento
Jurídico una por una (que seguirán vigentes hasta que las nuevas leyes
las anulen de acuerdo con el principio de lex posterior: jerarquía, la
ley posterior en el tiempo deroga tácita o expresamente a la ley
anterior del mismo rango), sometiendo a votación todas aquellas que
atañen a la ciudadanía en términos de interés legítimo directo, así
como decisiones políticas y cuestiones de Estado que afecten a los
ciudadanos de forma más o menos directa: decisiones como declarar o
participar en una guerra o no, destinar parte de nuestros impuestos a
la consecución de un objetivo u otro… los ciudadanos no tendrían voto
en cuestiones de regulación interna y gestión de la Administración de
sus propios recursos, pero sí tendrían voz y sus propuestas
contribuirán a la elaboración de las disposiciones generales de la
Administración, que tendrá potestades regladas y discrecionales
precisadas por la voluntad popular.

La repercusión de esta democracia colaborativa será mayor en precisión
y efectividad que la obtenida con las políticas de Open Government
iniciadas por el gobierno de Barack Obama en EEUU (que ya indicaron la
pauta de hacia dónde va la política, acercando el futuro a la
actualidad y reforzando la idea de las administraciones que ejecutan
la voluntad popular directamente. En el nuevo sistema suprimiríamos la
clase política y la sustituiríamos por un funcionariado de carácter
instrumental formado por empleados limitados a ejecutar los resultados
de las votaciones y por técnicos de reconocida experiencia para
desarrollar las potestades administrativas de discrecionalidad
técnica), provocando cambios en todas las estructuras del sistema que
serán sometidas a perfeccionamiento y votación en dicha red social
oficial del estado. Los ciudadanos se involucrarán políticamente con
mayor intensidad que nunca, convirtiéndose en sujetos activos y
pasivos de sufragio al mismo tiempo. Este hecho aniquila tanto a la
Ley de Partidos como a los propios partidos políticos, tal y como los
conocemos, al menos. Los convierte en instrumentos innecesarios y
superados por la propia sociedad gracias al nuevo sistema.

La Administración se ocupará del funcionamiento de la red social
estatal, designando a los mejores técnicos por sistema de concurso-
oposición y valoración de méritos y experiencia profesional en el
sector privado que garanticen su perfecto funcionamiento y su
seguridad, elevando ésta por encima de la seguridad de páginas como
las del F.B.I. o la C.I.A. El acceso de cada ciudadano a la red social
estatal se producirá mediante la introducción de los datos contenidos
en su D.N.I. (todos los datos que aparecen en la parte frontal y
también el código con letras y números que aparecen en el dorso), de
esta forma podrán acceder a su perfil, disponer de él y participar en
la actividad política de forma activa y pasiva mediante votos,
propuestas, ser parte de foros de debate y asamblea, etc. Para
garantizar la seguridad y la identidad de cada ciudadano, evitando
suplantaciones y votaciones alteradas ilegalmente o manipuladas, se
enviará un e-mail a la semana de cada votación recordando la opción
votada y ofreciendo un mecanismo mediante el cual poder rectificar el
voto en caso de suplantación o incongruencia. El ciudadano que pierda
su D.N.I. avisará a la propia red social estatal para que anule
temporalmente cualquier votación que pueda hacerse a través de su
perfil hasta que el D.N.I. sea recuperado o se le entregue uno nuevo,
con el código introducido en su dorso cambiado, e introducido este
cambio en la base de datos de la red social estatal que anulará el
D.N.I. perdido y restablecerá la actividad del ciudadano a través del
D.N.I. actualizado al recibir la nueva información. La mejor garantía
de seguridad del sistema contra posibles ataques de hackers o la
manipulación de los votos: hacer que el sufragio universal sea público
en lugar de privado. Con la caída de los partidos políticos por su
propio peso y con el derecho a voz que permite motivar el voto a cada
ciudadano, el sufragio privado carece de sentido en comparación con un
sistema de sufragio público o semi-público (en lugar de publicar el
nombre del ciudadano y la opción y motivos de su voto podría
publicarse, junto a la opción votada y su motivación, su N.I.F.,
evitando así la publicación de los nombres de los ciudadanos). Este
nuevo sistema permite que cada ciudadano se identifique plenamente con
su voto sin atender a ideologías ajenas, una forma de garantizar un
sufragio público sin consecuencias personales o laborales nocivas
sería sancionar la discriminación por razón de ideología en la
contratación: el empresario no podrá ser parcial en su método de
contratación ni basar su elección en criterios arbitrarios. Los
criterios de contratación responderán siempre a circunstancias
profesionales y no a circunstancias personales. Los criterios
objetivos de eficiencia, mérito y capacidad respaldados por el
currículum del trabajador serán la base del método de contratación,
sin que quepa apreciación de indicios de discriminación por motivos de
raza, condición sexual, opción religiosa o ideología y, por tanto, que
los votos y motivaciones públicos de los ciudadanos no traigan
consecuencias discriminantes. El sistema de sufragio público o semi-
público tiene la ventaja de que sus resultados pueden ser verificados
por cualquier ciudadano que quiera comprobar la total transparencia
del proceso y, aquellos que detecten alguna incongruencia podrán
denunciarla e impugnar la votación, elevando el asunto a la
administración de la red social, que abrirá una investigación a partir
de los datos enviados por los ciudadanos que las detecten.
Para aquellos ciudadanos que no dispongan de ordenador o de acceso a
uno se habilitarán en edificios estatales máquinas destinadas
únicamente al acceso a la red social estatal que funcionarán de forma
parecida a los cajeros automáticos: el ciudadano introducirá su D.N.I.
y accederá directamente a su perfil, realizando las consultas,
gestiones y votaciones que desee. Las máquinas disponen de una cámara
que fotografiará al ciudadano para garantizar que es el titular del
D.N.I. y evitar así suplantaciones. Estas máquinas se situarán por
fuera de los edificios estatales para evitar afluencias masivas en
dichos edificios y estarán disponibles las veinticuatro horas.

Las votaciones se realizarán de la siguiente forma: referéndums
mensuales sobre un máximo de cinco asuntos estatales distintos cada
uno y de votación y motivación separadas (en cada asunto), de especial
relevancia para la ciudadanía, junto a un máximo de tres asuntos de
ámbito autonómico y dos de ámbito local. Los asuntos objeto de
votación mensual serán elegidos según el respaldo que tengan: el
ciudadano podrá elegir, de entre todos los asuntos a someter a
votación, cinco estatales, tres autonómicos y dos locales distintos
para darles su ‘apoyo’ (sería como darle a ‘me gusta’ en Facebook, los
asuntos con más ‘apoyos’ por parte de los ciudadanos serían los
sometidos a votación ese mes y al votarlos desaparecerían como
asuntos, aunque podrían ser creados de nuevo partiendo desde cero
‘apoyos’ si alguien descontento con la solución dada plantea una
reforma, es decir, los asuntos no tienen efecto de ‘cosa votada-cosa
juzgada’). Junto a estas votaciones se producirán, de forma
extraordinaria, referéndums para aquellas cuestiones de gran
importancia para los ciudadanos que hubieran acaecido súbitamente y
que necesiten una respuesta rápida: conflictos, guerras, estados de
excepción, etc. Esta nueva forma de votación, si bien supone la
comodidad que evita desplazamientos y pérdidas de tiempo en las colas
de las mesas electorales, no significa la eliminación de las urnas,
que quedarán abiertas también cada mes en varios edificios estatales
para aquellos que quieran ejercer su voto de esa forma.

Las VENTAJAS que propone el sistema son claras: el ciudadano decide
directamente y la Administración ejecuta la voluntad de lo votado, la
División de Poderes queda garantizada y la sociedad dará respuesta de
forma más rápida y efectiva a los problemas, sin responder a intereses
ajenos típicos de la clase política, que quedaría desvirtuada y
remplazada por ciudadanos que se limitarían a ejecutar los resultados
electorales. La Administración quedaría depurada y reestructurada, se
eliminarían muchos cargos, despojándola de su sobredimensionamiento y
el ahorro que supondría este hecho sería suficiente para habilitar la
red social estatal y asegurar su mantenimiento y los instrumentos que
posibiliten su correcto funcionamiento en todo el Estado. Este sistema
supone una posición del ciudadano más equilibrada frente a la
Administración que la del sistema actual, en la que el individuo está
situado demasiado cerca de la indefensión. También supondría un cambio
en el proceso administrativo común, aportando transparencia a éste y a
muchos otros aspectos, como las votaciones, etc. Esta propuesta habla
de un futuro que la actualidad puede arrebatarnos a nosotros y a las
generaciones venideras ahora que el movimiento revolucionario ha
abierto esta brecha por donde entra la luz, pero constituye un paso
evolutivo inevitable. El sistema actual retardará su llegada todo lo
que pueda, los acomodados en la situación actual dirán que es
descabellado como ocurre siempre que surge la idea de cambio. Este
cambio es menor que el soñado y logrado por otros revolucionarios que
lo consiguieron con muchos menos medios y mucha más precariedad que
nosotros, pero es igual de complicado de realizar porque afecta
directamente a los que se encuentran más arriba. Lo que propongo es la
revitalización de la democracia, convertida hoy en un formalismo del
que valerse para llegar al poder y actuar arbitrariamente. Propongo
reforzar la Democracia y depurarla mediante técnicas que permiten
acercar los Principios Generales del Ordenamiento Jurídico a los
ideales que los definen, una aproximación más certera que la realizada
por las leyes hoy vigentes, esta es la gran ventaja del nuevo sistema.
No necesito detallar las demás, saltan a la vista.
Los DEFECTOS o DESVENTAJAS de este sistema debéis señalarlos y
solucionarlos vosotros mediante propuestas que perfeccionen lo
contenido en este escrito y lo mejoren. Os animo a que os pongáis
manos a la obra cuanto antes, pronto dejaréis de ser noticia y no
contaréis con el impacto de ahora, no hay un segundo que perder.


El sistema democrático actual: lagunas y deterioro

Vivimos en el postclasicismo de las Democracias Occidentales modernas;
el auge del Estado de Derecho y de los principios inspiradores de las
Democracias Occidentales acaecido en los últimos siglos ha dejado tras
de sí un sistema que se revela obsoleto en el siglo XXI, situándose
muy por debajo de lo que nos ofrecen los avances que han tenido lugar
en las últimas décadas.
El sistema ha ido viciándose, la sociedad ha sido sometida al
consumismo, a las políticas dirigidas por intereses particulares, a un
capitalismo aplacado por los Estados con medidas ajenas a la voluntad
popular y al bien común. La Administración que se ampara en la
concepción negativa del principio de legalidad y hace pasar por
interés público todo aquello que la beneficia a ella en primer lugar
demuestra el fracaso de todo lo creado para limitar sus potestades.

El Constitucionalismo español ha producido, entre normas supremas y
proyectos de éstas que no llegaron a ver la luz, más de diez cartas
magnas en menos de doscientos años. La última de ellas, la
Constitución de 1978, adolece de un rígido mecanismo de reforma que
parece revestirla de un aura de norma definitiva, la más evolucionada
posible o, quizá, de una norma que invita a su abolición antes que a
su reforma. Si bien fue suficiente para ordenar la sociedad española
de 1978, se ve incapaz de responder a las exigencias de la situación
actual y, por tanto, también de situaciones futuras.

Idea de referéndum generacional: la Constitución de 1978 no está
legitimada por la mayoría de la ciudadanía de la España actual. Los
ciudadanos españoles con derecho a voto a día de hoy que votaron (a
favor o en contra) en el referéndum que aprobó la Constitución del 78
son minoría en comparación con los ciudadanos con derecho a voto a día
de hoy que no poseían este derecho entonces y que por ello no pudieron
votar. Es necesario someter a referéndum la norma suprema del sistema
cada vez que esta situación se produzca (cada 25-30 años
aproximadamente) para evitar que los ciudadanos se encuentren con un
sistema que heredar forzosamente, un hecho contrario a los principios
del propio sistema que provoca que el individuo se sienta desvinculado
y no representado. Para que los ciudadanos puedan identificarse con el
sistema, éste será cambiado por una nueva propuesta que se someterá a
sufragio una semana después del referéndum cuyos resultados resulten
negativos para la continuidad de la norma suprema imperante,
cumpliendo así de forma más precisa con la voluntad popular. Esta
posibilidad rápida de cambio es pretendida al comprender que siempre
habrá un sistema siguiente, más evolucionado y mejorado que el actual,
que evitará ser cerrado para facilitar una transición con el mínimo
impacto (traducido en problemas sociales que emergerían con una
transición) posible.

El sistema posterior siempre parte de romper con las normas del
inmediato anterior, las transiciones pacíficas sólo se producen cuando
los individuos conformados en la clase dirigente aceptan abandonar el
poder y lo entregan a la necesidad de cambio. Cuando el individuo
encuentra irreformablemente obsoleto el sistema imperante y cuenta con
herramientas que le permiten el desarrollo de un sistema más
perfeccionado, evolucionado y eficiente en su consecución del bien
común pasa inevitablemente por vulnerar dicho sistema imperante,
procede la abolición de la normativa vigente. Se produce a veces de
forma tácita, constituciones posteriores derogan constituciones
anteriores, también puede ser una de las primeras normas que dicta el
nuevo legislador.


Ya veis, es posible. Lo mejor de este sistema es que el error forma
parte del propio proceso, algo que en el 15-M tenéis claro. Gracias
por haberos tomado tiempo para leerlo, sé que es bastante largo y
tedioso pero creo que puede aportaros al menos un par de ideas. Todo
mi ánimo y apoyo a esta causa, seguiremos luchando por el mejor
futuro.

Gracias,
José Luis.
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