España se encuentra sumida en una crisis nacional, económica y política de tal gravedad que un gobierno, por calamitoso que sea, no puede ser el único responsable. Si así fuera, bastaría aunar esfuerzos políticos para desalojarlo del poder y la crisis desaparecería. Sin embargo, los miembros del gobierno actual acabarán dejando el poder pero España, incluso disponiendo de otros gobiernos más racionales, no podrá resolver sus acuciantes problemas sin reformar las instituciones que los han causado. Porque la crisis de la sociedad española hunde sus raíces en causas mucho más profundas que la de tener un gobierno incapaz.
Son las siguientes:
* Nuestro sistema electoral no permite que el ciudadano esté realmente representado por sus diputados y concejales y que éstos sean verdaderamente responsables ante él. En consecuencia, se ha constituido una “clase política” que ejerce el poder EN SU PROVECHO con el convencimiento de que será imposible que la sociedad le obligue a rendir cuentas por ello.
Este régimen político también ha permitido que los PARTIDOS INTERFIERAN tanto en la necesaria división de poderes del Estado como en el desarrollo natural de las libertades civiles de la esfera privada. En consecuencia, la clase política NOMBRA a los jueces que habrán de juzgar la legalidad de sus actos y la constitucionalidad de las propias leyes, rompiendo el principio básico de imparcialidad, y CONTROLA buena parte del sistema financiero, de los medios de comunicación y de otras instancias pertenecientes a la sociedad civil.
* Desde 1978, un grupo muy minoritario de personas (nacionalistas) ha venido manteniendo en jaque constante al Estado español. Al principio éste disponía de reservas con las que pagar sus envites pero hoy estos grupos ya no pueden arrancar más prebendas sin quebrantar la legalidad vigente. En consecuencia ESPAÑA como sociedad SE DEBILITA exasperadamente.
Ante esta situación, resulta absolutamente necesaria la unidad de la sociedad para abrir un proceso democrático que concluya con la redacción de la constitución que la sociedad española decida otorgarse. Si la ciudadanía como conjunto no canaliza sus energías hacia la exigencia de una reforma profunda de su sistema político para otorgarse verdadero protagonismo tanto en la toma de decisiones públicas como en el control de sus representantes, se verá abocada a sufrir, sin solución de continuidad, la crisis que padece incrementada en la misma medida en que vaya transcurriendo el tiempo sin ver realizadas sus legítimas aspiraciones, independientemente del partido político que gobierne este régimen.
Así, quien suscribe se une a la demanda ciudadana para abrir un periodo de libertad constituyente donde la sociedad elija, después de haber sido verdaderamente expuestos con las máximas garantías de ser escuchados, los distintos modelos de Estado y de Gobierno posibles y que culmine en la redacción y aprobación por referéndum vinculante de una nueva constitución realmente democrática de acuerdo a los siguientes principios:
1) Verdadera representación de los elegidos respecto del pueblo.
2) Control del ciudadano sobre sus representantes.
3) División de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
4) Restricción, como consecuencia de lo anterior, del gasto público innecesario.
Y a las siguientes fases:
1) Apertura de un periodo de libertad constituyente de al menos un año que permita el conocimiento y la deliberación de las distintos modelos de Estado y Gobierno.
2) Elección de diputados a la Asamblea Constituyente comprometidos a apoyar alguno de los modelos de Estado y de Gobierno debatidos.
3) Redacción por parte de la Asamblea de la Constitución, de acuerdo a los modelos votados.
4) Referéndum vinculante
No hay comentarios:
Publicar un comentario